La senadora Fabiola Campillai reprobó la propuesta de evaluar beneficios por edad avanzada para quienes fueron condenados por violaciones a los derechos humanos, sosteniendo que sus delitos “no son comparables” con los cometidos por civiles.
Sus declaraciones se dieron luego de que la exministra del Interior Carolina Tohá (PPD) propusiera aplicar un criterio humanitario para permitir que presos en situación terminal pasen sus últimas horas en su domicilio, incluyendo a quienes cumplían condenas por violaciones a los derechos humanos. En El Mostrador afirmó que esto podría concretarse “sin necesidad de que el presidente intervenga, sin necesidad de indultarlo por su pena”.
Campillai cuestiona beneficios para condenados por violaciones a los DD.HH.
Campillai respondió a la idea formulada por la figura de la centroizquierda, señalando que “no son comparables los crímenes cometidos por agentes del Estado con los delitos cometidos por particulares, del tipo que sean. Quien asume la responsabilidad y la confianza de ejercer la fuerza pública, y comete un delito aprovechando esas atribuciones, no solo vulnera a una persona: traiciona a la sociedad que le confió ese poder”.
“Hoy la derecha intenta jugar al empate con un tema que ya vivimos en el pasado. Cuando el dictador Pinochet se vio acorralado por la justicia, alegó problemas de salud física y mental. Después salió caminando de una silla de ruedas, como si nada. Ese antecedente quedó marcado, y nos hace desconfiar de los argumentos de salud de cualquier agente del Estado condenado por violaciones a los derechos humanos”, apuntó.
En ese sentido, manifestó su desconfianza respecto de las razones que esos condenados puedan presentar para acceder a beneficios, indicando que “a eso se suman las redes de protección dentro de las instituciones, los pactos de silencio y los obstáculos para llegar a la verdad, que todavía existen”.
“Por supuesto, toda enfermedad real debe ser atendida con seriedad y evaluada como corresponde. Pero no podemos usar la salud de un condenado como moneda de cambio”, planteó.
“Reconocer esa diferencia no significa restar gravedad a los delitos comunes. Significa entender que los crímenes cometidos desde el poder del Estado tienen una responsabilidad adicional, y que garantizar su investigación, juicio y sanción es una obligación fundamental de toda sociedad democrática”, concluyó.
