El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió este miércoles al Ejecutivo que en las próximas semanas presente respuestas “concretas” a las demandas “legítimas” de los estudiantes —cuyas protestas han ocasionado bloqueos en centros educativos— y reprochó que esas movilizaciones estén siendo “explotadas políticamente y convertidas en violencia urbana”.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, dijo que el jefe del Estado solicitó al Gobierno que elabore respuestas claras y concretas y que las presente en las próximas semanas.
Bregeon, que también ocupa la cartera de Energía, indicó que Macron alertó sobre la instrumentalización política de las inquietudes juveniles, en una alusión velada a la formación de izquierdas La Francia Insumisa (LFI).
La portavoz señaló que el presidente insistió en que los jóvenes expresan preocupaciones legítimas, pero que estas están siendo utilizadas políticamente y degeneran en violencia urbana, con escenas inaceptables en los distintos puntos de concentración, según sus palabras.
Las manifestaciones del martes congregaron entre 161.500 personas, según el Ministerio del Interior, y 480.000 según los sindicatos estudiantiles, que reclaman una inyección adicional de 10.000 millones de euros para la educación en los presupuestos de 2027.
Bregeon remarcó también la petición del presidente de proteger al profesorado y de condenar los ataques que se han producido contra las fuerzas de seguridad y el personal educativo.
Bregeon hizo hincapié en la distinción entre, por un lado, las reivindicaciones legítimas y, por otro, las violencias inadmisibles que son objeto de instrumentalización y se transforman en enfrentamientos con las fuerzas del orden, teniendo como blanco al personal de la Educación Nacional, y subrayó que ello debe recibir una condena unánime.
El primer ministro, Sébastien Lecornu, afirmó hoy que considera que el movimiento estudiantil ha sido “explotado” por LFI con “fines electorales”.
En la sesión de control al Gobierno en el Senado, sostuvo que “avivaron las llamas, luego fingen condenar la violencia, e incluso ahora parece que se les ha olvidado hacerlo”, y añadió que esa hipocresía perjudica a Francia.
Entre las prioridades que mencionó Bregeon a nombre del presidente están la mejora de las instalaciones escolares, la revisión de los horarios y el fortalecimiento de la orientación académica; además, Macron señaló que el Gobierno debe proseguir los esfuerzos para cubrir las ausencias docentes.
El ministro de Educación, Édouard Geffray, ha planificado la asignación de 3.000 profesores a puestos de sustitución en los próximos días, de los cuales 2.000 ya han sido incorporados, según los datos expuestos en el Consejo de Ministros.
Geffray, que tendrá un encuentro este jueves con asociaciones estudiantiles, declaró en la cadena BFMTV que cerca del 4% de los 3.700 institutos del país permanecían cerrados, y que el Ejecutivo confía en que las vacaciones escolares, que arrancan el sábado y se prolongan hasta principios de noviembre, ayuden a reducir la movilización.
No obstante, los líderes estudiantiles más combativos aseguran que no cederán y mantienen su demanda de una inversión de 10.000 millones de euros en el sector educativo.
Para ello, llaman a prolongar las protestas por la falta de recursos en la educación y a sumarse el próximo sábado a otras movilizaciones organizadas en redes sociales contra el coste de la vida, en las que se promueve el retorno de los ‘chalecos amarillos’ que protagonizaron las protestas de 2018.
Desde el inicio del movimiento estudiantil a finales de septiembre, se han detenido a unas 7.950 personas —6.773 de ellas menores de edad— y 26 de los arrestados han ingresado en prisión preventiva, según un balance del Ministerio de Justicia.
Lecornu señaló que, hasta ahora, 148 trabajadores del sistema educativo han resultado heridos en las protestas, así como 937 policías y 248 estudiantes, algunos con heridas de gravedad.
El sindicato policial Alliance anunció que presentará una denuncia contra el Estado por poner en peligro la vida de los agentes, al denunciar las “órdenes contradictorias” que reciben los policías, “expuestos a la violencia y abandonados a merced de la hostilidad pública” en estas protestas.
