La iniciativa de Ley Naín-Retamal 2.0, orientada a ampliar la llamada legítima defensa privilegiada a funcionarios policiales que se encuentren de franco, detonó un nuevo choque entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).
La disputa se originó cuando el organismo difundió un informe en el que advertía que la propuesta podría propiciar situaciones de “impunidad de facto” frente a posibles episodios de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes policiales.
El proyecto, que también incorpora a efectivos de las Fuerzas Armadas, será sometido a debate la próxima semana en el Congreso, dentro de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo.
La principal preocupación del INDH se refiere a las implicancias de la llamada legítima defensa privilegiada en la carga de la prueba, un reparo que el organismo ya había planteado durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal original.
Gobierno acusa al INDH de una mirada ideológica
El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, criticó con dureza el informe del instituto, acusándolo de adoptar una postura contraria al fortalecimiento de las policías.
“El INDH, otra vez, está desconectado de la realidad. Su informe en contra de la legítima defensa de franco para nuestras policías y FFAA refleja una mirada ideológica que se debe transparentar ante los chilenos, esto es: su resistencia a fortalecer el respaldo a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, sostuvo el secretario de Estado.
Esas afirmaciones motivaron la réplica del director del INDH, Yerko Ljubetic, quien instó a mantener el respeto entre las instituciones públicas y defendió las competencias legales del organismo.
“Las declaraciones del ministro Arrau ponen en duda el cumplimiento de una faceta esencial del mandato que la ley impone al INDH: preocuparse por la coherencia que debe existir entre nuestras leyes y normas y las obligaciones que el Estado de Chile tiene en materia de estándares de derechos humanos”, afirmó.
Senado busca acelerar tramitación de Naín-Retamal 2.0
En el Congreso, la propuesta cuenta con el apoyo de miembros de la Comisión de Constitución, donde los senadores Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya han coincidido en respaldar distintas iniciativas de la agenda de seguridad.
El presidente de la instancia, Pedro Araya (PPD), discrepó del análisis del INDH y afirmó que el organismo mezcla los aspectos probatorios de la iniciativa con sus consecuencias prácticas.
“Se confunden las cuestiones probatorias con los efectos reales de la Ley Naín-Retamal 2.0. No pretende generar impunidad ni dejar a las policías al margen de la ley, sino más bien entregar mayor certeza jurídica a los funcionarios policiales que deben actuar en situaciones de riesgo”, sostuvo.
Según fuentes consultadas, el informe del INDH fue preparado hace meses por su área de seguimiento legislativo y luego remitido a la secretaría de la Comisión de Constitución del Senado como insumo para el debate parlamentario.
El debate se efectuará entre el martes y el miércoles de la próxima semana. Considerando que el proyecto contiene solo dos artículos, se proyecta que pueda ser despachado en dos o tres sesiones.
En paralelo, la Comisión de Seguridad revisará otra propuesta de la agenda Naín-Retamal 2.0, que busca endurecer las sanciones por ofensas y agresiones contra funcionarios de Carabineros, con la intención de enviarla a la Sala del Senado.
