Tras prisión preventiva: defensas de 15 prestamistas colombianos analizan apelar la cautelar

Las defensas de los 15 prestamistas colombianos que operaban en cuatro regiones del país analizan apelar a la prisión preventiva decretada en el Juzgado de Garantía de Concepción, región del Biobío.

En la audiencia, que consignó que las penas que arriesgan aquellos imputados formalizados por los cuatro delitos -usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos- podría superar los 20 años.

En el marco del caso de los 15 colombianos integrantes de una red de prestamistas ilegales que operaba en Bío Bío, Los Lagos, O’Higgins y Valparaíso, donde la banda envío al extranjero más de 300 millones de pesos tras ganancias por los ilícitos cometidos, se acogió la atenuante de irreprochable conducta anterior, ya que los imputados no cuentan con antecedentes penales en Chile ni en su país de origen.

Mientras que la de colaboración en la investigación fue desestimada, pese a que algunos de los integrantes de la banda entregaron los números y claves de acceso de los teléfonos celulares incautados.

No obstante y teniendo en cuenta la cantidad de delitos, el riesgo de fuga -puesto de su líder Marlon Correa se encuentra fuera de Chile- las redes familiares nacionales e internacionales, además de resguardar la seguridad de la sociedad y de las víctimas, se acogió la prisión preventiva solicitada por la Fiscalía y el Ministerio de Seguridad Pública para los 15 colombianos a quienes se le formularon cargos.

Se trata de una resolución que no dejó conforme a los defensores, quienes apuntaron al ente persecutor de entregar antecedentes “imprecisos”, señaló el defensor Penal Público de Concepción, Eduardo Cruz, quien representa a 11 de los 15 imputados.

Mientras que el defensor penal privado, Javier Alarcón, quien representa a otros tres formalizados, confirmó que apelarán a la prisión preventiva, dado que en el caso de sus clientes un arresto domiciliario nocturno podría ser proporcional a la pena que arriesgan.

Mientras que en audiencia, Eduardo Rosado, otro de los defensores privados, acusó que existe una “criminalización” al tratarse de formalizados extranjeros.

Se espera que las apelaciones se presenten ante el tribunal de alzada durante los próximos días.

Cabe señalar que las penas que arriesgan aquellos imputados formalizados por los cuatro delitos; usura, extorsión, asociación criminal y lavado de activos, podrían superar los 20 años.

Esto último, teniendo en cuenta que el caso de la extorsión las penas de cárcel podrían llegar hasta los 15 años.