GORE de Díaz compró cuestionados terrenos pese a que su Unidad Jurídica advirtió inviabilidad

Un informe de la Unidad Jurídica del propio Gobierno Regional del Biobío, con fecha 12 de diciembre de 2022, advirtió una serie de problemas que hacían inviable la cuestionada compraventa de terrenos para construir viviendas sociales en la provincia de Arauco.

Lo anterior forma parte de los antecedentes que el gobernador Sergio Giacaman entregó a la Fiscalía Regional del Biobío en el marco de una denuncia donde busca que se aclare la compra de terrenos sin factibilidad técnica.

La actual administración descubrió la compra de cinco terrenos por más de 1.500 millones de pesos en la provincia de Arauco, los cuales debían ir a la construcción de viviendas sociales para 1.200 familias. Sin embargo, el objetivo no se cumplió porque se trata de paños no aptos para ese tipo de construcción.

Entre los antecedentes entregados a la Fiscalía Regional, está el pago de 450 millones de pesos por un terreno de 2 hectáreas en la comuna de Lebu, pero además otros cuatro paños que la Forestal Arauco vendió a la Gobernación, y que fueron transferidos al GORE a pesar de que los más de mil millones de pesos no hayan sido cancelados.

Unidad Jurídica advirtió problemas con compra de terrenos

En el documento, al cual tuvo acceso BioBioChile, la abogada Karen Flores, que en ese entonces era la encargada de la Unidad Jurídica del GORE Biobío, enumera, detalla y advierte una serie de problemas que hacían inviable la compra de terrenos a particulares por parte de la entidad.

El informe cuestiona, entre otras cosas, la falta de elaboración de informes de título de los terrenos, pero también se observa que se hizo una recomendación técnica favorable “aun cuando los terrenos a adquirir no estaban en condiciones de ser adquiridos y tampoco para llevar a cabo proyectos habitacionales, ya que gran parte de ellos requerían que fueran subdivididos previamente”.

El documento, que ya está en manos del Ministerio Público, advierte además que “el hecho de haber otorgado la recomendación técnica favorable a los proyectos, sin que se haya reparado la inhabilidad de los terrenos que se pretenden adquirir, ocasionó que se haya evaluado y se haya obtenido la aprobación de recursos para comprar terrenos jurídicamente distintos a los que finalmente se van a comprar. Lo anterior obliga a que, por principio de legalidad del gasto que debe observar el Gobierno Regional, en estricto rigor se deba reevaluar y se deba obtener una nueva autorización por parte del Gobierno Regional”.

Se agrega también que una vez aprobadas las subdivisiones de los terrenos, la gran mayoría de estos “varían considerablemente su superficie y, como consecuencia de ello, varía también su tasación”.