La Moneda resolvió levantar el pie del acelerador. En medio de un empuje legislativo que pretende agilizar 23 iniciativas vinculadas a seguridad, el Gobierno optó por reducir de suma a simple la urgencia de la reforma constitucional que refuerza el Sistema Nacional de Seguridad Pública y modifica el régimen de estados de excepción.
No se trata de un retiro ni, al menos según la versión oficial, de un paso atrás. Es una pausa estratégica.
La señal política tras la medida es que el Ejecutivo comprendió que insistir en la máxima celeridad para una reforma sin los consensos necesarios podía resultar contraproducente. En lugar de forzar una votación, La Moneda decidió abrir una ventana de 30 días para conversar, negociar y tratar de acercar posiciones en el Senado.
El ministro de la Segpres, José García Ruminot, fue quien explicó el cambio de ritmo. La urgencia simple, afirmó, permite que el proyecto siga en la agenda legislativa, considerando la “enorme carga de trabajo” que enfrentan las comisiones de Constitución de ambas cámaras.
En síntesis, el Gobierno busca que la reforma avance, pero evitando chocar de frente con un bloqueo político.
La distancia con el resto de la agenda es marcada. Mientras 10 proyectos tendrán discusión inmediata y otros fueron ingresados con suma urgencia —entre ellos las Reglas del Uso de la Fuerza, infraestructura crítica y modificaciones a la responsabilidad penal adolescente—, la reforma constitucional quedó entre las iniciativas con urgencia simple.
Y ahí se asoma el principal escollo político para La Moneda.
El estado de excepción, el punto crítico de la negociación
La mayor complejidad de la reforma sigue siendo la propuesta de un nuevo estado de excepción. Precisamente en ese ámbito el Gobierno enfrenta objeciones en el Congreso y las posibilidades de acuerdo se ven más acotadas.
El propio presidente José Antonio Kast había anticipado que el Ejecutivo no estaba dispuesto a transar en su planteamiento. Con todo, García Ruminot evitó fijar “líneas rojas” y prefirió remitir el debate a la Comisión de Constitución.
La fórmula no es menor: mientras el Presidente fija públicamente una postura, el ministro encargado del vínculo con el Congreso deja abierta la opción de que el proyecto sea ajustado durante la conversación legislativa.
No se trata necesariamente de una contradicción. Podría ser la manera que encontró La Moneda para sostener el objetivo político de la reforma sin clausurar de antemano el espacio para un entendimiento parlamentario.
Porque el Gobierno encara ahora una disyuntiva evidente: dejar su propuesta sin cambios y arriesgar que se estanque, o abrirse a ajustes para reunir los votos requeridos.
Así, el cambio de urgencia difiere esa decisión.
La reforma no se retira: se busca preservarla
Otra señal política importante fue la confirmación de que el Ejecutivo descartó retirar la reforma para reingresarla más adelante con modificaciones.
Ante esa alternativa, García Ruminot fue enfático: “Nosotros mantenemos la reforma”.
La frase apunta a instalar una lectura clara del movimiento: La Moneda no está retrocediendo, sino que intenta generar las condiciones políticas para que su iniciativa sobreviva a una tramitación parlamentaria donde, hasta ahora, no hay consensos suficientes.
La táctica tiene, además, otro beneficio. Permite separar la reforma constitucional del resto de la ofensiva en seguridad y concentrar la presión legislativa en proyectos que, a juicio del Gobierno, tienen mejores condiciones para avanzar.
De este modo, el Ejecutivo puede exhibir avances en seguridad —con discusión inmediata para una decena de iniciativas— sin convertir toda su agenda en un plebiscito sobre el controvertido nuevo estado de excepción.
