—”Han sido jornadas complejas para este ministro de Estado”.
El ministro de Justicia, Fernando Rabat, defendió ante la Cámara de Diputadas y Diputados las rebajas de condena otorgadas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. A pesar de los antecedentes en su contra, argumentó que su cartera debía formalizar las decisiones de las comisiones evaluadoras y que revisar nuevamente esos antecedentes habría excedido sus competencias.
En su intervención no ofreció disculpas ni reconoció que aprobar los beneficios hubiera sido un error. Admitió que el proceso tiene una falencia porque no contempla escuchar a las víctimas y dijo que modificó su postura inicial de rechazar las solicitudes. Además, cuestionó al Congreso por no haber solucionado las dificultades para aplicar la reforma de 2022 y afirmó —a diferencia de lo que plantean varios fallos— que Justicia tenía la obligación de acatar las resoluciones de la Corte Suprema.
Asimismo, hizo referencia a las rebajas otorgadas durante el gobierno anterior.
Fernando Rabat defendió ante el Congreso las rebajas de condena
Al comenzar, el ministro Fernando Rabat respondió a las críticas por los informes de Gendarmería y la falta de participación de las víctimas. Dijo que durante 15 minutos solo había escuchado dos cuestionamientos: qué había ocurrido con el informe de Gendarmería y qué medidas se habían tomado para oír a las víctimas.
Luego mencionó reducciones concedidas en enero, febrero y marzo de este año, antes del cambio de gobierno, a personas condenadas por violación y abuso sexual contra menores. Preguntó qué se había hecho durante los cuatro años anteriores respecto del informe de Gendarmería y de escuchar a las víctimas.
Rabat también destacó su relación de trabajo con el Congreso, aunque reconoció que las últimas jornadas habían sido difíciles para él como ministro de Estado.
Aun cuando defendió las decisiones que provocaron la mayor crisis del actual gobierno, Rabat reconoció una deficiencia del proceso: dijo que era indudable que había un vacío al inicio, pues no se escuchaba a las víctimas. Agregó que el Gobierno intentaría corregirlo.
Su reconocimiento apuntó al diseño del sistema. Sin embargo, en ese momento de su presentación no pidió disculpas ni describió como equivocada la aprobación de las rebajas.
Cómo se tramitan las solicitudes
Una parte importante de la presentación del cuestionado ministro se centró en describir el proceso para tramitar estas solicitudes. Rabat explicó que consta de dos etapas principales y que participan cuatro entidades: Gendarmería, la Comisión de Reducción de Condenas, la Seremi y el Ministerio de Justicia.
A su parecer, las críticas no diferenciaban las funciones de cada organismo. Reconoció que se encontraba en una instancia política, pero sostuvo que no se estaba comprendiendo cómo funciona la rebaja de condenas.
De acuerdo con su explicación, Gendarmería entrega primero los antecedentes y luego la comisión evalúa la conducta de la persona condenada para decidir si merece la calificación de sobresaliente. Una vez que la comisión se pronuncia, afirmó, ya no queda una instancia legal para evaluar el mérito de la solicitud.
El ministro señaló que, en la segunda etapa, la Seremi verifica los requisitos objetivos y Justicia dicta el decreto. Según explicó, el ministerio se limita a formalizar, mediante la firma del decreto, la decisión firme que tomó la comisión evaluadora.
En otras palabras, sostuvo que no le correspondía volver a examinar el mérito de los antecedentes revisados por la comisión. Para argumentar que hacerlo habría sobrepasado sus facultades, Rabat citó los artículos 6 y 7 de la Constitución.
Afirmó que exigirle esa revisión implicaría que actuara más allá de sus atribuciones y competencias, algo que consideró inadmisible.
El caso de Puerto Montt
Como respaldo a su argumento, leyó un fragmento de una resolución que atribuyó a la Comisión de Puerto Montt y que habría sido emitida en junio de 2026.
“Se deja constancia de que el postulante fue condenado por delitos sexuales contra una persona menor de edad. No obstante, la Comisión decidió no aplicar la causal de exclusión, pues el delito se cometió antes de la modificación de la norma”, citó.
Rabat utilizó el caso para afirmar que las comisiones también se pronuncian sobre la aplicación de las exclusiones contempladas en la ley. En ese segmento de su intervención, no señaló quién recibió el beneficio ni indicó el número del expediente.
Rabat criticó al Congreso
Rabat recordó que la reforma de febrero de 2022 excluyó ciertos delitos sexuales contra menores, pero objetó que el Congreso no hubiera establecido una disposición transitoria para aclarar su aplicación a casos anteriores. Aseguró que Patricia Muñoz, entonces defensora de la Niñez, había recomendado incluir esa norma.
Sobre la actuación del Congreso, sostuvo que en enero de 2022 se ignoró de manera unánime a la defensora de la Niñez y no se incorporó una disposición transitoria que aclarara el sentido correcto de la norma.
También estableció una comparación entre las reglas para reducir condenas y las de libertad condicional. Cuestionó que los legisladores modificaran estas últimas sin introducir ajustes similares en la Ley 19.856.
Entre los aspectos distintos mencionó cuándo deben verificarse los requisitos y si las víctimas participan en el proceso. Afirmó que quien ha omitido deliberadamente un deber no puede después reprochar a otra persona haber actuado frente a esa omisión.
Reconoce que modificó su postura
El ministro Fernando Rabat admitió que al inicio de su gestión rechazó algunas solicitudes de rebaja. Explicó que, al llegar al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, denegaron las primeras peticiones.
Según relató, cambió de opinión luego de recibir una resolución desfavorable de la Suprema. Dijo que el máximo tribunal lo había cuestionado por privar ilegalmente de libertad a un ciudadano del país.
De acuerdo con su versión, el tribunal le reprochó dos cosas: aplicar retroactivamente la exclusión incorporada en 2022 y volver a evaluar antecedentes cuya revisión correspondía a la comisión. Durante su presentación, Rabat no precisó el rol ni la fecha del fallo.
El secretario de Estado afirmó que hasta 2026 se habían dictado más de 430 sentencias que respaldaban la decisión de no aplicar retroactivamente la restricción. También criticó que, tras pronunciamientos favorables de la Suprema, se emitieran nuevas resoluciones que forzaron a los condenados a acudir nuevamente a tribunales.
Señaló que no se había respetado un fallo del máximo tribunal. Agregó que profesores de derecho administrativo y constitucional tampoco habrían acatado lo resuelto por la Corte Suprema.
El criterio de Rabat y los 36 recursos de amparo previos
Rabat indicó que entre mayo y octubre se emitieron 54 decretos de rebaja de condena conforme al nuevo criterio. De acuerdo con él, 36 tenían recursos de amparo previos presentados contra las comisiones evaluadoras. Con esos antecedentes, insistió en que debía respetar las decisiones de los tribunales:
Señaló que no podía ignorar ni dejar de cumplir una sentencia de la Corte Suprema que le ordenara otorgar una rebaja de condena.
Añadió que, si eso suponía incumplir la ley, los diputados debían explicarle cómo podía desobedecer un fallo de la Corte Suprema sin quebrantar el juramento que había prestado.
Sin embargo, en su exposición no especificó cuántos de esos 36 pronunciamientos ordenaban conceder directamente la rebaja y cuántos solicitaban revisar una exclusión, analizar antecedentes o resolver una petición. Esa diferencia determina qué debía hacer Justicia en cada caso: haber acudido previamente a los tribunales no implica por sí mismo que existiera una instrucción de otorgar el beneficio.
La propuesta del ministro
Al concluir, el ministro defendió la respuesta legislativa del Gobierno y volvió a compararla con la administración anterior. Aseguró que su Gobierno no había dejado transcurrir cuatro años y destacó que presentó un mensaje presidencial en el plazo de una semana para abordar los problemas detectados.
Con ese argumento, instó a las dos cámaras a enfocar sus esfuerzos en la tramitación.
Para cerrar, llamó respetuosamente a la Cámara de Diputados y al Senado a centrarse en el problema y en encontrar una solución.
